Recabar firmas para promover una consulta popular con la que se decida si se juzga o no a expresidentes de la República, es una iniciativa de Morena con tintes electoreros y que busca construir una cortina de humo ante el fracaso del gobierno federal, rumbo a las elecciones del 2021.
Para la dirigencia estatal del PRI, lo que busca esa institución política es desviar la atención del fracaso e incapacidad del gobierno federal y tratar que la consulta popular también sea incluida en las boletas de los comicios constitucionales intermedios del próximo año, que además de Ayuntamientos contemplan la renovación de 30 congresos locales, 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
“Para juzgar a expresidentes no es necesaria una consulta, basta que tengan pruebas y las presenten ante la instancia competente”, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
“La Fiscalía General de la República es la institución con facultades legales para imputar delitos, o su contraparte en cada una de las 32 entidades de la República”, abundó.
Por su parte, el secretario General del CDE, Alejandro Arias Ávila, comentó que especialistas en Derecho Constitucional sostienen que la consulta popular no sería vinculante porque el apartado B de la Carta Magna garantiza la autonomía de la Fiscalía General de la República para que decida si incrimina o no a un acusado.
Además, las consultas populares no pueden ser al contentillo de nadie, porque no se pueden hacer sobre personas, sino sobre instituciones, añadió, pero puntualizó que finalmente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva sobre la constitucionalidad o no de la consulta popular para decidir si se juzga o no a expresidentes de la República.
Por último, Alejandro Arias consideró que lo que realmente interesa a Morena es hacer ruido y sacar raja político-electoral justo cuando está por arrancar el proceso electoral 2020-2021, porque para ese instituto político es tema secundario acreditar la legalidad de la consulta, y reiteró que si tienen pruebas que las presenten ante la FGR “y se dejen de teatritos de recabar firmas y que le pidan al gobierno federal resultados”.