Frente a masacres como la ocurrida el fin de semana en el municipio de Jaral del Progreso, el estado debe asumir su responsabilidad y no eludirla como ha sido su costumbre.

En esos términos la dirigencia estatal del PRI fijó su posicionamiento frente a declaraciones de la comisionada de seguridad de gobierno del estado, Sofía Huett, en el sentido de que si “La Cabaña del Toro” funcionaba sin permiso debido a la pandemia y en un horario irregular, eso generó condiciones para que se suscitaran los hechos que costaron la vida a 12 personas.

Al respecto, precisaron que el municipio en cuestión no autorizó el funcionamiento de ese centro nocturno, ni que lo hiciera en el horario en que ocurrieron los hechos, pero que, en todo caso, si hubo omisiones en materia de supervisión, ello es un asunto administrativo, no criminal.

Para el PRI, frente a hechos tan lamentables como el referido, evadir la responsabilidad ya se hizo costumbre, pues lo mismo ocurrió con el reciente ataque a un centro de rehabilitación de Irapuato, al que también acusaron de operar irregularmente.

A pesar de que dependencias estatales encargadas de prevenir delitos y procurar justicia exaltan el trabajo de inteligencia que despliegan para cumplir su función, lo cierto es que no han podido prevenir actos de extrema violencia, lo que orilla a los ciudadanos a que cada quien asuma la responsabilidad de su autocuidado, porque es claro que el estado no puede proveer una seguridad eficaz.

De esa manera, la sociedad queda a su suerte porque, además, los gobiernos estatal y federal están concentrados en su posicionamiento electoral; uno victimizándose y otro bajo la estrategia de sólo resaltar las áreas de la administración que le representan fortaleza y no dar más que sólo buenas noticias.

Es decir, cada quien en su tema cruzando culpas y nadie asumiendo su responsabilidad en favor de la seguridad y la tranquilidad ciudadana, resumieron.

Los dirigentes estatales del partido resaltaron que en Jaral del Progreso no había antecedentes de hechos como los ocurridos la madrugada del domingo, ni mensajes cruzados entre cárteles, por lo que puede concluirse que la irrupción violenta del crimen organizado es asunto nuevo.

Finalmente, enfatizaron que el gobierno de dicho municipio asume su responsabilidad frente a lo sucedido al hacer un llamado para instalar mesas de trabajo que redunden en mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno en  materia de seguridad.